América Latina es la región más violenta del planeta.
por Miguel Mier | 21 de julio de 2014

«Cuando el gobierno se expande la libertad se contrae.” Ronald Regan.

La principal responsabilidad de cualquier gobierno es proteger la seguridad de sus ciudadanos. Cuando los ciudadanos están en riesgo el gobierno no está cumpliendo con su principal responsabilidad.
En este espacio me he enfocado en temas de desarrollo económico. ¿La violencia tiene que ver con el desarrollo? Si, con Educación, Desarrollo, Distribución del Ingreso e Instituciones Gubernamentales efectivas.
El programa para el desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) publicó recientemente su reporte de violencia y la revista británica The Economist publicó el 12 de julio un análisis de ese reporte. La gran conclusión es que América Latina es la región con mayor violencia del planeta.
Por cada 100,000 personas la tasa de asesinatos anuales en Europa es de menos de 5 y en América Latina es entre 20 y 30 cada año. En Honduras, que es el país con la mayor tasa de asesinatos, es de 94 por cada 100,000 habitantes. Si Londres tuviera la misma tasa que Honduras en Londres cada año morirían asesinados 7,500 personas en vez de los 112 del año pasado.
Los editores atribuyen estos alarmantes datos a 4 razones principales. La primera es demográfica: América Latina (AL) tiene muchos hombres jóvenes. La segunda es económica: La distribución del ingreso en AL es peor que en otras regiones. Tenemos pocos ingresos mal distribuidos. La tercera es interesante, el tráfico de drogas hace que mucha droga suba a Estados Unidos y muchas armas bajen de Estados Unidos a AL.
La cuarta es en la que me quiero enfocar. La cuarta razón que menciona The Economist para tanta violencia son las débiles instituciones de procuración de justicia que tenemos en la región.
Un dato interesante es que el promedio mundial de sentencias en casos de homicidio es 43 por cada 100 asesinatos. O sea, en el mundo 57 asesinos de cada 100 quedan sin ser procesados. En América Latina se da sentencia a 24 de cada 100, o sea 76 asesinos de cada 100 quedan impunes.
Este grado de impunidad se da por que las instituciones de procuración de justicia son menos efectivas en AL que en el resto del planeta. En este caso no es falta de recursos, son recursos mal aplicados con instituciones infiltradas por corrupción y malos manejos de sus funcionarios. Un ejemplo muy claro de lo mal que funciona nuestro sistema de procuración de justicia lo vimos con la película Presunto Culpable. En la cinta Roberto Hernández y Layda Negrete pone al descubierto lo poco efectivo que es nuestro sistema en un caso de asesinato. ¿Qué hizo el poder Judicial? ¿Contrató a Roberto y a Layda para que los asesoraran para modernizar el sistema? No, mejor procesaron una demanda multimillonaria en contra de Roberto, Layda y otros involucrados. Demandan indemnizar con cientos de millones de pesos por daños a su imagen a Victor Daniel Reyes Bravo, el testigo cuya declaración contradictoria tuvo a Toño Zúñiga dos años preso injustamente. Los productores de Presunto Culpable llevan años peleando en las cortes contra esa demanda. En vez de tomar su talento para el beneficio del sistema, el sistema los hace gastar tiempo y dinero en defenderse por hacer público un evento público (un juicio).
En el artículo de The Economist que menciono los tres países con peor percepción en sus sistemas de justicia son tres países grandes: Brasil, Argentina y México. El artículo cierra diciendo que “El problema del crimen en América Latina no se va a resolver hasta que la ley aplique para todos”.
Cuando leí esa frase inmediatamente me remitió a lo que pasa en nuestro estado, Michoacán. Estas semanas las redes sociales están plagadas de una dualidad de opiniones. Por un lado muchas voces dicen que se tiene procesado y sentenciado a un inocente: el líder de los autodefensas José Manuel Mireles. Por otro lado se lee que el gobierno no ha actuado de manera imparcial en contra de funcionarios y familiares de funcionarios con claros vínculos con criminales. Nuestro sistema de procuración de justicia parece estar más al servicio del sistema político que para darle certeza jurídica a los ciudadanos. Si lo que se lee en redes sociales es falso que el gobierno salga a aclararlo con evidencias.
Tanta intervención federal en Michoacán debería de estar reforzando la transparencia en las instituciones locales. Los ciudadanos no confían después de tantos desfalcos, corrupción y engaños con las versiones contradictorias que se han dado desde las elecciones del 2011. Ojalá que la intervención federal sea breve y efectiva para fortalecer las instituciones locales. Ojalá que no sea sólo para buscar perpetuar al PRI gobernando Michoacán por temor a que otros partidos vayan a buscar “debajo de la cama”.
@MiguelMier